Saturday, October 25, 2008

Uruguay y Holanda, clave para los narcos

Nacional EL PAIS


DROGA

Uruguay y Holanda, clave para los narcos

E. Barreneche / D. Isgleas

"Hace dos años, U, los dos países que se consideraban más importantes para el tráfico internacional eran Uruguay y Holanda; Uruguay para sacar la droga y Holanda para recibirla", destacó el director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche.

El jueves 23, Guarteche concurrió al Parlamento, donde alertó a los legisladores sobre lo que significa el tráfico de drogas que utiliza a Uruguay como "puente" hacia Europa.

En este momento, un kilo de cocaína pura cuesta en Uruguay unos US$ 6.000, mientras que en Holanda esa droga vale US$ 60.000.

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"Esas ganancias enormes, esas masas de dinero, pueden ser utilizadas de diversas formas y eso nos está preocupando realmente", afirmó Guarteche, en alusión al poder corruptor que tienen los carteles de drogas en otros países.

En su comparecencia ante la comisión legislativa, el inspector (r) Guarteche informó que los grupos uruguayos que se dedican al narcotráfico por ahora son "inconexos", pero advirtió que eso podría llevar a que en Uruguay prosperara una organización del tipo cártel, es decir trabajando todos juntos, bajo una misma dirección y con intereses diversificados.

Este nuevo esquema se ve fortalecido por el contacto de delincuentes uruguayos con narcos bolivianos, mexicanos o colombianos en las cárceles, quienes "educan" a los nuestros explicándoles las "estrategias", precisó Guarteche.

Uno de las puntos en que Guarteche puso énfasis es en que los narcos de hoy no se presentan conduciendo autos con vidrios negros y rodeados de guardaespaldas, sino solos, formados en Europa y respaldándose en diplomas de Harvard y otras universidades prestigiosas. Incluso, tienen visa estadounidense, confió Guarteche.

En su informe reservado a los legisladores, Guarteche dio otro dato: un tiempo atrás, un intendente del litoral del país recibió una oferta de compra por una de las islas del río Uruguay, pero sospechó y denunció la situación frustrando el negocio de los narcos.

En el Parlamento, el jefe de la Brigada Antidrogas explicó que los operativos contra los narcos incluyen escuchas telefónicas desde hace más de un año, seguimientos e intercambio de información internacional, entre otras acciones policiales.

Una de las principales dificultades a que se enfrenta la Policía uruguaya es concretar pruebas y remitir a los narcos. Por eso los procedimientos tienen una larga duración.

Los investigadores esperan que el narco brinde un dato de una "operación de tráfico de drogas" o tratan de apresarlo in fraganti cuando traslada la droga de un sitio a otro, indicaron a El País fuentes policiales.

CONTROLES. Los gobernantes -desde el presidente hasta los ediles de las Juntas locales- deben presentar declaraciones juradas cada dos años ante la Junta Anticorrupción, y tienen un control especial del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre los movimientos de sus cuentas bancarias. Las transacciones bancarias de cualquier gobernante tienen control del BCU, incluso por montos mucho menores que los de las personas comunes.

En el mismo sentido, una normativa de la entidad exige cierta información a los ciudadanos cuando solicitan la apertura de una cuenta en el sistema bancario.

En el formulario que deben completar como parte del trámite se le pregunta a la persona que piensa abrir la cuenta si tiene parentesco con algún político o incluso si conoce a algún político.

alfombra roja. Un juez que tuvo a su cargo importantes casos de narcotráfico y que prefirió no ser identificado, dijo a El País que no habilitó la interceptación de teléfonos de políticos que mantuvieron contacto con investigados, porque no tuvo elementos que indicaran que fueran parte de ilícitos relacionados al lavado de dinero o el narcotráfico.

Otro magistrado señaló que desde hace años llegan a Uruguay personas a lavar dinero del narcotráfico y se presentan como inversores o empresarios. Destacó que en general las autoridades les ponen "una alfombra roja", sin antes verificar el origen del dinero que traen para invertir en el país.

Las escuchas telefónicas solo pueden ser ordenadas por un juez. Cuando la Policía lo considera necesario, le explica las razones a un magistrado. Si el juez habilita la interceptación de llamadas, debe hacerlo con una resolución fundada y la policía tiene que informarle de la investigación.

puerto. "Generalmente, las organizaciones de tráfico internacional utilizan a Uruguay y a Argentina alternativamente cuando las cosas se complican. Cuando se complican en el Aeropuerto de Ezeiza, se utiliza Carrasco; cuando andan mal en el aeropuerto de Montevideo, se utiliza el Puerto de Montevideo", dijo el jerarca policial.

En su presentación ante la comisión legislativa para la investigación de lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Diputados, Guarteche explicó que los contactos son "cada vez mayores" entre narcotraficantes y contrabandistas y que "especialmente había un acercamiento de esos contrabandistas hacia la actividad política o apoyando la actividad política de manera de lograr una cobertura".

Según la versión taquigráfica de la reunión, nueve procedimientos policiales de envergadura confirmaron la cada vez más estrecha relación entre narcotraficantes y contrabandistas uruguayos.

"No solo se da en el apoyo logístico que se brindan ambas partes, sino también en el esquema de corrupción que todos los contrabandistas posen para lograr que su actividad tenga éxito", expresó.

Los distintos procedimientos efectuados por la Policía muestran que los traficantes utilizan las rutas ya probadas por los contrabandistas para ingresar estupefacientes al país.

Según fuentes policiales, es casi imposible controlar los miles de kilómetros de frontera seca que tiene Uruguay con Brasil y el escaso obstáculo que genera el Río Uruguay con Argentina: las "mulas" provenientes de ese país pasan la droga por los puentes e, inclusive, se ha llegado a utilizar canoas para cruzar dicho cauce fluvial.

Tráfico de drogas y contrabando en uruguay

OPERACIÓN CHIMED: Los investigadores incautaron el 9 de septiembre de 2006 un total de 305 kilos de cocaína en polvo y 39 kilos de cocaína impregnada en cartones que ingresaron por Paysandú.

OPERACIÓN NARANJA MECÁNICA: La droga ingresó por el litoral del país y no se pudo determinar el departamento. El 25 de septiembre de 2006, se incautó 30 kilos de marihuana y 80 kilos de cocaína.

OPERACIÓN SUPERMERCADO: Se detectó que los alucinógenos entraron al país por Río Negro y Salto. El 14 de noviembre de 2007, se incautaron de 913 ladrillos de marihuana con un peso de 740 kilos que eran trasladados en un camión y 29 kilos de pasta base.

OPERACIÓN SAN FRANCISCO: El 18 de agosto del año pasado, la Brigada Antidrogas decomisó 494 kilos de cocaína que ihabían ingresado por Salto en una avioneta. La droga saldría con destino a Europa en cajones con frutas.

OPERATIVOS PÁJAROS PINTADOS: En una avioneta, los narcos ingresaron por Soriano el 22 de febrero de este año, unos 140 kilos de cocaína.

OPERACIÓN P. DEL ESTE: En otra avioneta, las traficantes introdujeron 81 kilos de cocaína. El operativo policial que los detuvo se efectuó el 8 de abril de 2008,

OPERACIÓN ARCA: La Policía detectó la existencia de "una cocina" para elaborar cocaína en la localidad canaria de Sauce. En el operativo, que se hizo el 22 de abril de este año, también se incautó 291 kilos de marihuana ingresada en camión.

OPERACIÓN CANCERBERO: Este procedimiento, realizado el 24 de mayo de 2008, confirmó que un grupo de traficantes pretendía enviar a España a través del puerto de Montevideo, 320 kilos de cocaína disimulados en contenedores con pescado.

En todas estas acciones fueron detenidas individuos, muchos de ellos con antecedentes por contrabando.

Las cifras

6.000 dólares es lo que vale un kilo de cocaína pura en Uruguay, según datos del director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche.

60.000 dólares es el precio que se paga por el mismo kilo de estupefacientes en Holanda, dijo el Insp. Guarteche en el Parlamento.

Gandini: "No me molesta una escucha telefónica"

"No me molestan (las escuchas telefónicas), en tanto este trabajo se realice como investigación del seguimiento de delincuentes y con autorización del juez. Todos somos iguales ante la ley y por eso no me parece que sea una lesión a los fueros", dijo el diputado nacionalista Jorge Gandini a El País. "El centro de la cosa no es intervenir el teléfono de un legislador sino que cualquier legislador o autoridad de gobierno puede ser controlada como consecuencia de sus conversaciones. Eso está bien porque la idea es evitar que el sistema político sea vulnerado por esas organizaciones. En mi caso, si la policía escucha una conversación mía con un sospechoso de ser narco, me da tranquilidad. Eso hace que los servicios se convenzan de que uno puede haber sido sorprendido en su buena fe. Quienes manejamos responsabilidades de toma de decisiones corremos el riesgo de caer en la telaraña de los narcotraficantes que pretendan acercarse a la política uruguaya, ya que somos piezas importantes para esas organizaciones delictivas".

Posada: "Todos tenemos derecho a la intimidad"

"Si con las escuchas telefónicas se apunta a investigar a una persona que puede estar vinculada a un delito, para mí está bien", reconoció a El País el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. "El inconveniente se plantearía cuando la policía eventualmente utilice estas escuchas como método de actuación en sus investigaciones, como criterio general. Me refiero a algo similar a lo que ocurría en el país en la época de la dictadura. Considero que todas las personas tenemos derecho a la intimidad. El límite para escuchar una conversación ajena debe estar dado cuando se da una sospecha o vinculación con un delito, y cuando quien investiga necesita obtener mayor información para descartar o confirmar algo. Pero no más allá de eso. Cuando hay una autorización judicial no es lo mismo que espiar a alguien, sino que es para defender a la sociedad. Y todos somos proclives a aceptarlo. La tecnología se utiliza, precisamente, para defender a la sociedad, no se puede aplicar si no es con la autorización del juez".

El País Digital