Nacional EL PAIS

DROGA

Uruguay y Holanda, clave para los narcos

E. Barreneche / D. Isgleas

"Hace dos años, U, los dos países que se consideraban más importantes para el tráfico internacional eran Uruguay y Holanda; Uruguay para sacar la droga y Holanda para recibirla", destacó el director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche.

El jueves 23, Guarteche concurrió al Parlamento, donde alertó a los legisladores sobre lo que significa el tráfico de drogas que utiliza a Uruguay como "puente" hacia Europa.

En este momento, un kilo de cocaína pura cuesta en Uruguay unos US$ 6.000, mientras que en Holanda esa droga vale US$ 60.000.

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"Esas ganancias enormes, esas masas de dinero, pueden ser utilizadas de diversas formas y eso nos está preocupando realmente", afirmó Guarteche, en alusión al poder corruptor que tienen los carteles de drogas en otros países.

En su comparecencia ante la comisión legislativa, el inspector (r) Guarteche informó que los grupos uruguayos que se dedican al narcotráfico por ahora son "inconexos", pero advirtió que eso podría llevar a que en Uruguay prosperara una organización del tipo cártel, es decir trabajando todos juntos, bajo una misma dirección y con intereses diversificados.

Este nuevo esquema se ve fortalecido por el contacto de delincuentes uruguayos con narcos bolivianos, mexicanos o colombianos en las cárceles, quienes "educan" a los nuestros explicándoles las "estrategias", precisó Guarteche.

Uno de las puntos en que Guarteche puso énfasis es en que los narcos de hoy no se presentan conduciendo autos con vidrios negros y rodeados de guardaespaldas, sino solos, formados en Europa y respaldándose en diplomas de Harvard y otras universidades prestigiosas. Incluso, tienen visa estadounidense, confió Guarteche.

En su informe reservado a los legisladores, Guarteche dio otro dato: un tiempo atrás, un intendente del litoral del país recibió una oferta de compra por una de las islas del río Uruguay, pero sospechó y denunció la situación frustrando el negocio de los narcos.

En el Parlamento, el jefe de la Brigada Antidrogas explicó que los operativos contra los narcos incluyen escuchas telefónicas desde hace más de un año, seguimientos e intercambio de información internacional, entre otras acciones policiales.

Una de las principales dificultades a que se enfrenta la Policía uruguaya es concretar pruebas y remitir a los narcos. Por eso los procedimientos tienen una larga duración.

Los investigadores esperan que el narco brinde un dato de una "operación de tráfico de drogas" o tratan de apresarlo in fraganti cuando traslada la droga de un sitio a otro, indicaron a El País fuentes policiales.

CONTROLES. Los gobernantes -desde el presidente hasta los ediles de las Juntas locales- deben presentar declaraciones juradas cada dos años ante la Junta Anticorrupción, y tienen un control especial del Banco Central del Uruguay (BCU) sobre los movimientos de sus cuentas bancarias. Las transacciones bancarias de cualquier gobernante tienen control del BCU, incluso por montos mucho menores que los de las personas comunes.

En el mismo sentido, una normativa de la entidad exige cierta información a los ciudadanos cuando solicitan la apertura de una cuenta en el sistema bancario.

En el formulario que deben completar como parte del trámite se le pregunta a la persona que piensa abrir la cuenta si tiene parentesco con algún político o incluso si conoce a algún político.

alfombra roja. Un juez que tuvo a su cargo importantes casos de narcotráfico y que prefirió no ser identificado, dijo a El País que no habilitó la interceptación de teléfonos de políticos que mantuvieron contacto con investigados, porque no tuvo elementos que indicaran que fueran parte de ilícitos relacionados al lavado de dinero o el narcotráfico.

Otro magistrado señaló que desde hace años llegan a Uruguay personas a lavar dinero del narcotráfico y se presentan como inversores o empresarios. Destacó que en general las autoridades les ponen "una alfombra roja", sin antes verificar el origen del dinero que traen para invertir en el país.

Las escuchas telefónicas solo pueden ser ordenadas por un juez. Cuando la Policía lo considera necesario, le explica las razones a un magistrado. Si el juez habilita la interceptación de llamadas, debe hacerlo con una resolución fundada y la policía tiene que informarle de la investigación.

puerto. "Generalmente, las organizaciones de tráfico internacional utilizan a Uruguay y a Argentina alternativamente cuando las cosas se complican. Cuando se complican en el Aeropuerto de Ezeiza, se utiliza Carrasco; cuando andan mal en el aeropuerto de Montevideo, se utiliza el Puerto de Montevideo", dijo el jerarca policial.

En su presentación ante la comisión legislativa para la investigación de lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Diputados, Guarteche explicó que los contactos son "cada vez mayores" entre narcotraficantes y contrabandistas y que "especialmente había un acercamiento de esos contrabandistas hacia la actividad política o apoyando la actividad política de manera de lograr una cobertura".

Según la versión taquigráfica de la reunión, nueve procedimientos policiales de envergadura confirmaron la cada vez más estrecha relación entre narcotraficantes y contrabandistas uruguayos.

"No solo se da en el apoyo logístico que se brindan ambas partes, sino también en el esquema de corrupción que todos los contrabandistas posen para lograr que su actividad tenga éxito", expresó.

Los distintos procedimientos efectuados por la Policía muestran que los traficantes utilizan las rutas ya probadas por los contrabandistas para ingresar estupefacientes al país.

Según fuentes policiales, es casi imposible controlar los miles de kilómetros de frontera seca que tiene Uruguay con Brasil y el escaso obstáculo que genera el Río Uruguay con Argentina: las "mulas" provenientes de ese país pasan la droga por los puentes e, inclusive, se ha llegado a utilizar canoas para cruzar dicho cauce fluvial.

Tráfico de drogas y contrabando en uruguay

OPERACIÓN CHIMED: Los investigadores incautaron el 9 de septiembre de 2006 un total de 305 kilos de cocaína en polvo y 39 kilos de cocaína impregnada en cartones que ingresaron por Paysandú.

OPERACIÓN NARANJA MECÁNICA: La droga ingresó por el litoral del país y no se pudo determinar el departamento. El 25 de septiembre de 2006, se incautó 30 kilos de marihuana y 80 kilos de cocaína.

OPERACIÓN SUPERMERCADO: Se detectó que los alucinógenos entraron al país por Río Negro y Salto. El 14 de noviembre de 2007, se incautaron de 913 ladrillos de marihuana con un peso de 740 kilos que eran trasladados en un camión y 29 kilos de pasta base.

OPERACIÓN SAN FRANCISCO: El 18 de agosto del año pasado, la Brigada Antidrogas decomisó 494 kilos de cocaína que ihabían ingresado por Salto en una avioneta. La droga saldría con destino a Europa en cajones con frutas.

OPERATIVOS PÁJAROS PINTADOS: En una avioneta, los narcos ingresaron por Soriano el 22 de febrero de este año, unos 140 kilos de cocaína.

OPERACIÓN P. DEL ESTE: En otra avioneta, las traficantes introdujeron 81 kilos de cocaína. El operativo policial que los detuvo se efectuó el 8 de abril de 2008,

OPERACIÓN ARCA: La Policía detectó la existencia de "una cocina" para elaborar cocaína en la localidad canaria de Sauce. En el operativo, que se hizo el 22 de abril de este año, también se incautó 291 kilos de marihuana ingresada en camión.

OPERACIÓN CANCERBERO: Este procedimiento, realizado el 24 de mayo de 2008, confirmó que un grupo de traficantes pretendía enviar a España a través del puerto de Montevideo, 320 kilos de cocaína disimulados en contenedores con pescado.

En todas estas acciones fueron detenidas individuos, muchos de ellos con antecedentes por contrabando.

Las cifras

6.000 dólares es lo que vale un kilo de cocaína pura en Uruguay, según datos del director de la Brigada Antidrogas, Julio Guarteche.

60.000 dólares es el precio que se paga por el mismo kilo de estupefacientes en Holanda, dijo el Insp. Guarteche en el Parlamento.

Gandini: "No me molesta una escucha telefónica"

"No me molestan (las escuchas telefónicas), en tanto este trabajo se realice como investigación del seguimiento de delincuentes y con autorización del juez. Todos somos iguales ante la ley y por eso no me parece que sea una lesión a los fueros", dijo el diputado nacionalista Jorge Gandini a El País. "El centro de la cosa no es intervenir el teléfono de un legislador sino que cualquier legislador o autoridad de gobierno puede ser controlada como consecuencia de sus conversaciones. Eso está bien porque la idea es evitar que el sistema político sea vulnerado por esas organizaciones. En mi caso, si la policía escucha una conversación mía con un sospechoso de ser narco, me da tranquilidad. Eso hace que los servicios se convenzan de que uno puede haber sido sorprendido en su buena fe. Quienes manejamos responsabilidades de toma de decisiones corremos el riesgo de caer en la telaraña de los narcotraficantes que pretendan acercarse a la política uruguaya, ya que somos piezas importantes para esas organizaciones delictivas".

Posada: "Todos tenemos derecho a la intimidad"

"Si con las escuchas telefónicas se apunta a investigar a una persona que puede estar vinculada a un delito, para mí está bien", reconoció a El País el diputado Iván Posada, del Partido Independiente. "El inconveniente se plantearía cuando la policía eventualmente utilice estas escuchas como método de actuación en sus investigaciones, como criterio general. Me refiero a algo similar a lo que ocurría en el país en la época de la dictadura. Considero que todas las personas tenemos derecho a la intimidad. El límite para escuchar una conversación ajena debe estar dado cuando se da una sospecha o vinculación con un delito, y cuando quien investiga necesita obtener mayor información para descartar o confirmar algo. Pero no más allá de eso. Cuando hay una autorización judicial no es lo mismo que espiar a alguien, sino que es para defender a la sociedad. Y todos somos proclives a aceptarlo. La tecnología se utiliza, precisamente, para defender a la sociedad, no se puede aplicar si no es con la autorización del juez".

El País Digital

Chile: No tan brillante

Opinión
Viernes 16 de Mayo de 2008
Chile: No tan brillante

The Economist

Por largo tiempo considerado como el país con mejor gobierno de América Latina, Chile se ha visto empañado últimamente por casos de corrupción y el mal manejo de fondos públicos.

En un principio las cantidades involucradas eran tan pequeñas que parecían confirmar la reputación de rectitud del país. Hace seis años hubo gran alboroto cuando US$ 20 mil fueron a parar a los bolsillos equivocados en el Ministerio de Obras Públicas. Más tarde se encontró que la misma cartera utilizó contratos externos para elevar los sueldos de sus empleados. Desde entonces, no obstante, los escándalos se han vuelto más turbios, más inmorales y, en algunos casos, más sucios. Incluyen acusaciones de fraude, real o intento de éste, en la subsecretaría de Deportes, entidad a cargo de la promoción deportiva; en el servicio de ferrocarriles del Estado y, hace poco, en el Registro Civil.

Sin embargo, el golpe más grande a la confianza de los chilenos en sus instituciones públicas fue el descubrimiento a principios de este año de un agujero de $263 mil millones (US$ 560 millones), equivalente al 0,3% del PIB, en las cuentas del Ministerio de Educación en el período 2004-06. Esto condujo a la acusación constitucional (primera de un miembro del Gabinete desde la restauración de la democracia en 1990) de Yasna Provoste, la ministra de la cartera.

El caso de los fondos de educación desaparecidos realmente parece más incompetencia que fraude. Todo indica que gran parte del dinero se pagó, como debería haber sido, a las escuelas de la capital, Santiago. Pero la incapacidad de un ministerio que gasta alrededor de una quinta parte del presupuesto de gobierno para mantener sus cuentas en orden indica que la administración pública de Chile, la que hace sólo dos años fue descrita por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las más eficientes en la región, no está al nivel de su reputación.

"Estoy muy preocupado por los signos de fatiga en el aparato de Estado", admite Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior desde enero.

El problema fundamental, no obstante, es que el gasto público ha aumentado más rápido que la capacidad de la administración pública para gastar dinero en la forma debida. El presupuesto ha aumentado en seis veces desde 1990; alcanzó los US$ 36 mil millones este año. Mientras tanto, los empleados públicos no pueden deshacerse de las viejas tecnologías y procesos. El Ministerio de Educación es un caso en cuestión. Se han estado inspeccionando minuciosamente las prácticas contables de su división a cargo de los pagos a las escuelas en Santiago durante una década, pero fue sólo el año pasado cuando empezó a reemplazar los cheques firmados a mano por transferencias electrónicas.

Parte del problema se puede encontrar en la herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973 a 1990). Ésta legó un nudo de leyes que han hecho difícil cambiar el funcionamiento del Estado y lo han atrincherado en la Constitución. A medida que el crecimiento económico sostenido aumentó el erario público, para el gobierno fue más fácil crear programas ad hoc que no necesitaban la aprobación del Congreso, en vez de intentar los desafíos legislativos de reestructurar el Estado de acuerdo con las exigencias actuales.

Dinero en todas partes

Este truco ha resultado ser tan conveniente, que algunos de estos programas ahora tienen un presupuesto más grande que muchas entidades de gobierno, señala Rosanna Costa, experta en materias fiscales del instituto de estudios Libertad y Desarrollo. Algunos de ellos hacen cosas buenas. Por ejemplo, el éxito del país en reducir la pobreza se debe en parte a Chile Solidario, uno de esos programas. Sin embargo, debido a que a menudo involucran a varios ministerios, ellos han tendido a debilitar los procedimientos normales de rendición de cuentas.

"El Estado ya no moja el campo de juego con una manguera, sino con rociadores desde los costados y, en el camino, pueden ocurrir filtraciones obviamente", manifestó Ramiro Mendoza, jefe de la institución autónoma a cargo de fiscalizar las cuentas del gobierno, en una entrevista en el periódico "La Tercera" a principios de este año.

Aun así, gran parte de la fatiga también se puede atribuir a la Concertación, la coalición de centroizquierda que ha gobernado el país desde 1990.

Ahora, en su cuarto período, la Concertación está tan acostumbrada al poder que la idea de gobierno como un fiduciario temporal del Estado se ha olvidado un poco. En privado, personeros reconocen que algunas de las entidades del Estado han sido capturadas por los partidos que conforman la coalición de gobierno; que las utilizan como una fuente de empleos para los miembros que por casualidad están temporalmente sin un cargo de gobierno; y las ven como una fuente potencial de fondos electorales.

Una ley aprobada en 2003 para crear una administración pública profesional redujo la cantidad de designados políticos. Cuando la Presidenta Michelle Bachelet asumió en 2006, pudo designar sólo 800 funcionarios (de un total de 160 mil en la administración del gobierno central), una cuarta parte del número que había designado seis años antes su predecesor, Ricardo Lagos; aunque los nuevos profesionales elegidos por méritos aún pueden ser despedidos si así se les antoja a sus jefes políticos.

Sin embargo, se necesita remodelar más el Estado si el Gobierno quiere poner en práctica una agenda que incluya una educación estatal de mejor calidad y una gran reforma de pensiones, la que debe entrar en vigor en julio. O, como parece cada vez más probable, los votantes en las elecciones presidenciales del próximo año tal vez concluyan que la Concertación es parte del problema más bien que la solución.

LA AUTORIDAD DEBE MANTENER E IMPONER EL ORDEN

Valparaíso | 30/04/2008 | Presidencia |

Pero debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Por Adolfo Zaldívar, Presidente del Senado

Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar

Con ocasión de la celebración internacional del Día del Trabajo y los últimos sucesos ocurridos en nuestro país, en el ámbito de las relaciones laborales, cabe preguntarse ¿que hemos hecho mal para tener los niveles de conflictividad actuales?

Lo primero es puntualizar que más allá de una deficiente legislación laboral, de la pérdida de vigencia de los sindicatos en los términos tradicionales a nivel global, de algunas prácticas patronales indebidas, no corresponde legitimar el uso de la violencia como una forma de corregir lo existente y menos si con tales procedimientos se provocan enfrentamientos entre los propios trabajadores.

Ese camino debe rechazarse de plano por todos los actores de la sociedad chilena y de manera especial por los partidos políticos y cada uno de sus dirigentes; no corresponden dobles discursos y menos tratar de instrumentalizar las legítimas demandas de los trabajadores públicos y privados para fines políticos subalternos.

Es una realidad innegable que los chilenos y chilenas demandan más empleos y mejores remuneraciones y en el caso de los adultos mayores jubilaciones dignas.

La autoridad debe antes que nada mantener e imponer el orden, pero también debe tener la sensibilidad para advertir cuáles son los elementos y situaciones que generan los excesos.

Tener en cuenta esa ecuación es la que permite a un país canalizar sus problemas y necesidades.

Muchas veces he dicho y lo reitero en esta ocasión que la gran falla estructural que presenta Chile, desde hace ya muchos años, es la mala distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. Cabe recordar que las iglesias y la Católica en particular han levantado su voz sobre este mismo punto, teniendo un rol muy determinante en dicha demanda Monseñor Goic.

Lo peligroso de no tomar conciencia de lo anterior es que se puede tirar por la borda los avances que se han logrado. Si dejamos que la lucha de clases vuelva a tener justificación, si permitimos que nuevamente sea el resentimiento y el odio el que condicione nuestras relaciones sociales, laborales, culturales y políticas, no habremos aprendido nada de la historia, de nuestra historia.

Lo delicado del conflicto actual es que el Estado a través de su más importante empresa está en medio de éste y sienta un precedente funesto al no saber dirimirlo.

Es un pésimo ejemplo y coloca en una muy mala posición a todo el sector empresarial, ya que no se distingue a los buenos de los malos empresarios. No se protege a la pequeña y mediana empresa cuya existencia y subsistencia tiene directa relación con las grandes empresas.

La mayor reflexión en esta fecha debiera estar centrada en cómo asegurando el orden y la certeza jurídica del trabajo y la propiedad, buscamos terminar con las causas profundas que han permitido este grave nivel de desencuentro. Todos tenemos responsabilidad, todos debiéramos colaborar a desactivar esta verdadera bomba social que hemos permitido se instale entre nosotros, unos por egoístas, otros por obtusos y otros por intereses políticos mezquinos. Apostemos por el diálogo entre nosotros.

Cepal: alza de alimentos aumentará pobreza en millones de personas

viernes 18 de abril de 2008, 5:58 PM Economia

Cepal: alza de alimentos aumentará pobreza en millones de personas

Diario Financiero

El alza intensa y persistente de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de Latinoamérica y el Caribe generando un impacto distributivo regresivo, señaló hoy José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Cepal.

La pobreza y la indigencia aumentarían de no tomarse medidas urgentes para aminorar los efectos de estas alzas, señaló el representante de la entidad con sede en nuestro país. Especialmente preocupante son las alzas en los precios del maíz, el trigo, el arroz, y oleaginosas, que en algunos casos superan el 100%.

La Cepal calculó que un incremento del 15% en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi tres puntos, de 12.7% a 15.9%. Ello implica que esa alteración de los precios provocaría que 15,7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia.

En el caso de la pobreza, los aumentos son parecidos ya que la misma cantidad de personas pasaría a ser pobre.

Pero si se considera una mejora de los ingresos de los hogares del 5%, similar al promedio de la inflación regional, alrededor de diez millones de personas pasarían a la indigencia como consecuencia del aumento de precios. Un contingente similar pasaría a la condición de pobres.

"Esto representa una situación dramática para un vasto contingente de personas", señala el Secretario Ejecutivo de la Cepal.

Estas cifras demuestran los claros efectos negativos del aumento del precio de los alimentos sobre el bienestar de la población. Pero el panorama se complica aún más por los efectos de los incrementos que están experimentando los combustibles que impactan las tarifas del transporte y de varios servicios públicos.

"Por lo tanto, resulta de la mayor prioridad poner en marcha y mantener políticas dirigidas a morigerar esos efectos", indicó Machinea. Las políticas que pueden desplegarse son de diverso tipo y dependerán de la realidad de cada país y la experiencia que tengan en el manejo de diversos instrumentos o su situación fiscal.

Avances en las Tecnologías para Desalinizar Agua de mar.

En los años setenta se desarrolló el proceso de ósmosis inversa de agua de mar, con el que se obtiene agua potable a partir de agua de mar que se fuerza a pasar, bajo una alta presión, a través de una membrana semipermeable que filtra las sales y las impurezas. Estas sales e impurezas se expulsan del dispositivo de ósmosis inversa en forma de solución concentrada de salmuera en un flujo continuo que contiene una gran cantidad de energía de alta presión. La mayor parte de esta energía puede recuperarse con un dispositivo adecuado. Muchas de las primeras plantas desalinizadoras de ósmosis inversa construidas en los años setenta y a principios de los ochenta tenían un consumo de energía de más de 6,0 kWh por metro cúbico de agua potable producido, debido al bajo rendimiento de la membrana, a las limitaciones de la caída de presión y a la carencia de dispositivos de recuperación de energía.

En 1985, Filmtec (Dow Chemical Co.) desarrolló el primer elemento comercial de ósmosis inversa de baja presión y una sola etapa. Al mismo tiempo, los fabricantes de bombas adaptaban tecnologías existentes, como las turbinas de movimiento inverso y las ruedas Pelton, a las plantas de ósmosis inversa para recuperar la energía. Las nuevas tecnologías de membranas y los dispositivos de recuperación de energía de primera generación posibilitaron la desalinización de agua de mar con un consumo energético de algo menos de 4,0 kWh/m3. La maquinaria rotatoria de estos primeros dispositivos de recuperación de energía estaba fabricada con piezas metálicas que a menudo presentaban problemas de corrosión, desgaste y mantenimiento al instalarse en un entorno marino.

En 1990 llegó al mercado una segunda generación de dispositivos de recuperación de energía que empleaban materiales de alta aleación, resistentes al desgaste, tales como el acero inoxidable 904L. Por esta época también se desarrolló el turbo cargador hidráulico. Estas innovaciones mejoraron la fiabilidad y redujeron el mantenimiento necesario, aunque todavía se limitaban a recuperar sólo entre un 50 y un 80 % de la energía del flujo de salmuera a alta presión de las plantas de ósmosis inversa debido a diversos problemas inherentes de rendimiento.

Durante los últimos 20 años, varios inventores han intentado desarrollar dispositivos comerciales avanzados de recuperación de energía que permitieran resolver las limitaciones de rendimiento. Estos dispositivos empleaban combinaciones de pistones, palas, válvulas y temporizadores; algunos funcionaban bien inicialmente, pero presentaban muchos problemas de mantenimiento. Otros estaban equipados con programas de inteligencia artificial, con lo que desaparecían rápidamente en un sector en el que el predominio de operarios no cualificados exige sencillez.

En 1992, Energy Recovery, Inc. comenzó a desarrollar un rotor tubular relativamente sencillo que podía transferir la energía a presión directamente desde la salmuera de la ósmosis inversa al flujo de alimentación. Cinco años y varios millones de dólares más tarde, la idea evolucionó a un dispositivo comercial patentado de 10 cm (4 pulgadas) de diámetro: el Intercambiador de Presión (Pressure Exchanger, PE).

El primer Intercambiador de Presión (PE) fue probado en una planta de HOH Canarias S.A. en Lanzarote durante un año en 1997 (Field Test) y desde entonces han sido incorporados en todas las plantas nuevas fabricadas por HOH.

Los dispositivos PE se comenzaron a vender en 1998. Las partes móviles y de acoplamiento de cerámica del PE han mostrado un desgaste excepcionalmente bajo, e incluso nulo, en el uso con salmuera a alta presión, y el material no es susceptible a la corrosión por picaduras y tensión que sufren los componentes de acero y bronce en usos similares. El PE de rotación lenta (1.500 rpm) ha demostrado necesitar poco mantenimiento en las plantas desalinizadoras comerciales.

Como el PE transfiere energía directamente de la salmuera al flujo de alimentación sin los problemas de rendimiento de los ejes giratorios de alta velocidad, el PE obtiene un rendimiento real de entre un 91 y un 95 por ciento con un amplio rango de flujos.

La reducción de los costes energéticos y de capital supone que por primera vez es posible producir agua potable a partir de agua de mar con un coste inferior a 1 dólar estadounidense por metro cúbico en muchos lugares de todo el mundo.